La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, CNDC, entidad representativa del sector de transporte de cargas, expone lo siguiente en relación al proyecto de ley de pesaje de camiones, hoy en segundo trámite constitucional en el Senado, luego de ser aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados.

1.- Nuestro gremio expresa su más amplio respaldo al proyecto de ley en curso en el Congreso. Esperamos que el Senado lo aprobará de igual forma que lo hizo la Cámara.

2.- Aclarar y relevar que la ley de pesaje tiene por objetivo reparar una injusticia histórica, como es que empresas de transporte y conductores dejen de soportar el pago de elevadas multas al ser fiscalizados en ruta, por llevar cargas sobre cuyos tonelajes no intervienen en modo alguno, al tratarse de contenedores sellados. Los transportistas no pueden hacerse cargo de problemas de gestión de cargas en puertos y estaciones de transferencia, pues no les pertenecen a ellos, sino a sus mandantes. En otras palabras, si se hace salir a la ruta a vehículos con tonelaje superior a lo permitida, no es su responsabilidad, pues éste no genera ni transfiere, solamente porta.

3.- Pero hoy la ley hace la distinción, por una omisión que fue denunciada en el primer gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera, entre “generadores de carga”, que efectivamente producen lo que van a transportar, y “estaciones de transferencia” que, si bien no generan, despachan los contenedores que trasladan los conductores. El gobierno entendió el sentido de urgencia para corregir esta situación y despachó hace más de una década el proyecto al Congreso.

4.- Hasta que la ley corrija este estado de cosas, sigue perpetuándose lo que no corresponde, de hacer pagar a choferes y empresas de transporte, por cargas que, como se señala, no pueden intervenir. Sin embargo, quedan libres de responsabilidad los propietarios y quien transfieren las cargas. El sentido del proyecto en trámite es justamente que quienes tienen tal responsabilidad, la cumplan.

5.- Hacemos un llamado a los senadores a aprobar el proyecto en curso, y se repare una injusticia, que actualmente afecta a un universo de 40.000 empresas de transporte de cargas, de todos los tamaños, que son finalmente las que hacen posible el traslado del 95% de las mercaderías que circulan en el país.